La “Constitució Catalana” que tenía preparada la Generalitat: lea y tiemble
La Guardia Civil (no, els Mossos no fan de policia sinó de Genestapo) ha aportado al juzgado de instrucción nº13 de Barcelona varios informes que prueban las acciones que preparaba la Generalitat para declarar la independència y consumar el golpe de Estado en octubre de 2017.
Allà hi trobem escrita la intenció de la Generalitat de captar 4.200€ millones en cotizaciones sociales a las 100 principales empresas privadas y las 233 de la Generalitat (después entrarían hasta 690.000 empresas), gastar 499€ millones en activar un fisco propio (de los cuales ya se han gastado 17€ millones) y confiscar bienes inmuebles al Estado español por valor de 19.134€ millones. Per lo que sembla Catadisney s’assemblava molt a Venezuela.
Dolça Catalunya lo adelantó en diciembre de 2013: “és qüestió de temps que [Santiago Vidal] es carregui la credibilitat de l’independentisme”. Una lectura al projecte de Constitució Catalana del jutge Vidal ens demostra que el temps és arribat. Vidal es hijo del alcalde franquista de San Sadurní de Noya y nieto de un franquista “de primera hora”, medalla de la Vieja Guardia; lo qual només té importància per riure’ns una miqueta quan els nacionalistes es queixen d’en Francu. Pero recordemos el currículum de Santiago (y cierra España) Vidal:
Hem dit que gràcies a la Guàrdia Civil ja tenim el projecte de la Vidala per escrit. Curiosamente el juez escribió la Vidala en cientos de folios de la Administración de Justicia de España, papel oficial, con el escudo del Estado, proveniente del juzgado en el que ejercía. O sea, que el tipo además robaba material de oficina que pagamos todos.
Veamos qué dice la Constitució de Catalunya:
- Los funcionarios del Estado serán conminados a renunciar a su trabajo en un plazo máximo de seis meses para obtener la ciudadanía catalana.
- “No podrán obtener, ni conservar, la ciudadanía catalana aquellas personas que, no siendo catalanes de origen, hayan sido militares profesionales y/o fuerzas de orden público militar o civil del reino de España y/o hayan formado parte de un gobierno extranjero”.
- Solo se permiten partidos políticos “siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución”.
- Se creará en la policía una “unidad especializada en españolismo violento” que ejercerá “presión policial” sobre quienes considere desafectos.
- Se deroga la monarquía y los títulos nobiliarios concedidos desde 1700.
- El español no será oficial y se prohibirá en la enseñanza.
- La escuela y los medios de comunicación servirán para fomentar “el sentimiento de pertenencia al nuevo Estado”.
- “Disposición confiscadora“ (sic): “Pasan a la propiedad de la República Catalana los bienes existentes el día de la declaración de independencia, dentro del territorio actual de Cataluña, pertenecientes al Reino de España”. Parece que el monto a confiscar alcanzaba los 19.134€ millones.
“Desde su despacho oficial del Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat, el juez Vidal se dedicó a entrevistar a abogados que fuesen sensibles a la independencia para incorporarlos como jueces el día que llegara la secesión. (…) tenían identificados a los fieles y a los que tenían que depurar. No olvidemos que el Ministerio de Justicia ha tenido que activar un teléfono de emergencia para atender a los jueces que pudieran sentirse acosados y que tanto ellos como los fiscales son objeto de protección policial, lo cual ya es lo último que puede pasar en una democracia. Bueno, es “su democracia”, su “revolución de las sonrisas”, su “viaje a Ítaca”, su descenso, más bien, hacia el precipicio.
La atribución de la nacionalidad, institución jurídica básica en la creación de cualquier Estado, está inspirada en las regulaciones de las repúblicas del Báltico, que tanta discriminación han producido en las minorías que no eran nacionales del lugar cuando estos territorios proclamaron la independencia. (…) Primero regulaciones genéricas que no levantes sospechas. Luego, cuando se adopta la ley específica, se fijan los criterios que favorezcan lo que se quiere favorecer. Y quien no cumpla con ellos no puede adoptar la nacionalidad y, según como se regule todo esto, pueden quedarse como apátridas, como ha sucedido en las repúblicas bálticas (…) Lo mismo que en el Báltico. La misma técnica que allí. Primero, para obtener la independencia, se hace creer que prácticamente todo el mundo podrá tener la nacionalidad y, posteriormente, se establecen los requisitos con criterios supremacistas. Eso no está en la Ley, pero nos lo han contado en numerosas conferencias y cursos, personas pertenecientes al Consejo para la Transición Nacional, que es el que asesora en la elaboración de todas las normas de ruptura con España. Por cierto, olvidan que ningún Estado puede atribuir unilateralmente -como además pretenden- la doble nacionalidad con ningún otro.
…) Haciendo de la lengua un instrumento de dominación política, (…) Ofrece “ventajas” a sus fieles mientras amenaza con depuraciones y represalias a “la disidencia”, medios de comunicación incluidos.
(…) La Ley de transitoriedad que, en secreto, estaba preparando el secesionismo y que difiere en poco a la finalmente aprobada el segundo día de los “Plenos de la vergüenza”, el 7 de septiembre pasado. Mayor chapuza jurídica es inimaginable. Como ya he señalado anteriormente, pero es importante repetirlo, de forma similar a lo que dispuso en su día la Ley Habilitante alemana de 1933, que permitió al nacionalsocialismo subvertir el régimen de Weimar sin derogarlo oficialmente.Pretendía, entre otras, esta ley, mediante el eufemismo del “derecho a recibir una formación adecuada” [la “reeducación” a la que nos van a someter y que ya nos explicaron en l’Escola d’Estiu de Prada o en las conferencias del Director de la Escuela de Administración Pública], obligar a los funcionarios y a la ciudadanía en general, a cometer las más flagrantes ilegalidades bajo amenazas y sanciones. Disponía, también, la incautación de bienes estatales. Establecía infantilmente la asunción de la “nacionalidad catalana” sin pérdida de la española, advirtiendo que se “iniciarán negociaciones” al respecto con el “Estado español”. Pretendía amnistiar a todos los condenados por actuaciones ilegales en relación con el procés. Eliminaba la co-oficialidad de la lengua española en Cataluña.Pretendía otorgar, a la propia Constitución española o al Estatuto de Autonomía, rango de ley en lo que no se opusiera a la nueva legalidad, lo cual es un disparate jurídico de monumental categoría, sin respeto de los principios de jerarquía y competencia, imposible de ser jurídicamente analizado por lo grosero de su articulación.
Ya en la Universitat Catalana d’Estiu se nos explicó que los funcionarios tendríamos que “reciclarnos”, no sólo los de cuerpos estatales, también los de la Generalitat y de las administraciones locales, porque teníamos que adaptarnos a las reglas y principios de la futura “república catalana”. (…) el President de la Generalitat lo repitió en sede parlamentaria. Con ello se amenaza, véase bien, no por no cumplir la ley, sino por no violarla!!!”.
Benvinguts a Catadisney.
Dolça i totalitària Catalunya…
